BSM Consulting
16 de Enero 2023
El pasado día 19 de octubre de 2022 entró en vigor la Ley 18/2022, de 28 de septiembre, de creación y crecimiento de empresas, más conocida como la Ley Crea y Crece, enmarcada en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que canaliza los fondos europeos para paliar las consecuencias de la Covid-19.
Como su propio nombre indica, la Ley Crea y Crece tiene dos objetivos principales. Por un lado impulsar la creación de empresas, facilitando y flexibilizando el proceso de constitución, y por otro fomentar el aumento del tamaño empresarial, facilitando diferentes procedimientos administrativos o modificando limitaciones actuales.
Más necesidad en el “Crece” que en el “Crea”
Como ya sabemos, el tejido empresarial en España se sustenta principalmente por micropymes, pymes y autónomos, representando todos ellos el 99% de las empresas de nuestro país. Sin embargo, el problema no está tanto en el nivel de emprendimiento (creación de empreas) sino en el crecimiento y la mortalidad de las empresas.
Según el informe GEM 2021-2022 (Enisa), en 2021, la actividad emprendedora se recuperó hasta alcanzar una tasa del 5,5% de la población, porcentaje semejante al existente en los años previos a la pandemia. Además, la tasa de emprendimiento (empresas creadas por cada 10.000 habitantes) se sitúa en España en el 35,5%, siendo de las más altas de la Unión Europea y duplicando la tasa de países como Alemania, Holanda o Irlanda.
Las Pymes españolas tienen un tamaño medio muy inferior al de otros países de la Unión Europea (una empresa española media factura 1,1 millones al año, mientras que el promedio en Europa está en 1,4 millones), lo cual lastra la competitividad de toda nuestra economía. Además, según CEPYME, solo la mitad de las empresas sobreviven tres años después de su creación, y las que lo consiguen no pasan de microempresa (86% del total de empresas españolas, sin contar autónomos) por las dificultades para acceder a financiación, atraer y retener talento o escalar internacionalmente.
Por ello, la entrada en vigor de la nueva Ley puede dar un impulso al tejido empresarial español en los próximos años, acercando el objetivo de ser una de las naciones más emprendedoras del mundo.
Principales medidas de la Ley
La nueva Ley contiene cuatro puntos esenciales para lograr los objetivos de crecimiento y creación así como otros relacionados con la morosidad, la financiación o el uso de sistemas telemáticos.
1️⃣ Reducción del capital mínimo
Uno de los más relevantes y con mayor impacto es que el capital social mínimo para constituir una SL (Sociedad de Responsabilidad Limitada) se reduce de 3.000 euros a 1 euro. Esta forma jurídica es la más habitual a la hora de crear una nueva empresa (casi el 40% de las nuevas sociedades se crean como SL). Con esta medida no solo se abaratan los costes de constitución, sino que además se da libertad a los socios fundadores para determinar la cifra de capital social que consideren óptima según sus preferencias y necesidades. Además, evita la creación de empresas en países cercanos sin importe mínimo de capital como Portugal, Francia o Italia.
Sin embargo, esta medida lleva contrapartidas para salvaguardar el interés de los acreedores en caso de no alcanzar la cifra de 3.000 euros de capital. Por un lado, se deberá destinar a reserva legal el 20% del beneficio hasta que dicha reserva, junto con el capital social aportado, alcance los 3.000 euros. Además, en caso de liquidacíon, si el patrimonio de la sociedad fuera insuficiente para atender el pago de las obligaciones con terceros, los socios responderán solidariamente de la diferencia entre el capital social y el importe de 3.000 euros.
2️⃣ Constitución telemática más ágil
Otra de las principales medidas es el impulso a la constitución e inscripción por vía telemática mediante los sistemas Circe (Centro de Información y Red de Creación de Empresas) y DUE (Documento Único Electrónico), en los que se utilizará un formato estandarizado de escritura pública para agilizar la tramitación.
Por otro lado, la nueva Ley obliga a todos los notarios a estar disponibles en la Agencia Electrónica Notarial y a no rechazar ningún trámite de constitución que se inicie en Circe.
Estas medidas supondrán la reducción de trabas, costes y tiempos para la creación de la nueva empresa, lo cual es altamente beneficioso para todo el tejido empresarial español.
3️⃣ Financiación no bancaria
El tercer punto novedoso de esta Ley ayudará no solo a la creación de nuevas empresas sino a la continuidad de las existentes, algo crítico con la actual situación económica y la mortalidad empresarial que tenemos en España.
En este sentido, la norma impulsa mecanismos de financiación alternativos a los bancarios, creando un nuevo régimen jurídico que consolida el crowfunding o financiación colectiva, la financiación participativa, la inversión colectiva y amplía los tipos de empresas que pueden invertir en capital riesgo. De esta forma, se amplia el abanico de posibilidades de acceso a financiación (uno de los grandes retos de las Pymes), pasando de la financiación bancaria tradicional a nuevos mecanismos más dinámicos y flexibles.
Además, se favorece la creación de vehículos para agrupar a los inversores, lo que permite un abaratamiento de los costes, algo fundamental para las pymes en sus fases de crecimiento.
4️⃣ Lucha contra la morosidad
La morosidad es uno de los grandes problemas a los que se enfrenta el tejido empresarial. En el primer trimestre de 2022 la morosidad empresarial alcanzó un 42%. Esto es algo que las Pymes no pueden permitirse por el coste financiero y el impacto en liquidez y rentabilidad que supone.
De cara a reducir dicha morosidad empresarial y a seguir impulsando la digitalización de las Pymes, se establece la obligación de expedir y remitir factura electrónica en todas las relaciones comerciales entre empresas y autónomos “para garantizar así una mayor trazabilidad y control de los pagos”. Esta obligatoriedad entrará en vigor en 2023 para las empresas y autónomos con una facturación superior al los 8 millones de euros y en 2025 para aquellas que no alcancen dicha cifra de ingresos.
Otra medida para evitar comportamientos morosos es que las empresas que no cumplan los plazos de pago establecidos por ley no recibirán subvenciones públicas ni podrán ser entidades colaboradoras de gestión. No resultan medidas sancionadoras, pero sí son coercitivas.
Críticas a la Ley…¿Qué puntos no soluciona completamente?
Aunque la nueva norma ha sido bien recibida en términos generales, hay ciertas voces que discrepan en cuanto a su efectividad, alegando que se ha perdido una gran oportunidad de impulsar el tamaño de las Pymes españolas y fortalecer el tejido empresarial.
Una de las principales críticas se centra en que la Ley se enfoca demasiado en el ámbito de crear sociedades y no tanto en el de crecer. La nueva norma parece que no ofrece soluciones a los principales obstáculos al crecimiento de empresas ya constituidas como por ejemplo reducir las trabas burocráticas más allá de la propia constitución (pasos inmediatamente posteriores a este trámite) u ofrecer incentivos fiscales (como los tipos reducidos en los primeros años o las posibilidades de compensar pérdidas de forma ilimitada en el tiempo).
Según la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), uno de los problemas reside en el tiempo que aún se debe dedicar a conseguir las autorizaciones y licencias necesarias para el funcionamiento de cualquier sociead, así como en el tiempo consumido por el silencio administrativo positivo (resolución a favor de la petición del ciudadano cuando la Administración no da una respuesta dentro de los plazos estipulados).
Otro punto que ha generado debate es la lucha contra la morosidad. Si bien la Ley incluye medidas para reducir la morosidad privada, como la creación de un Observatorio o la imposibilidad de acceder a subvenciones públicas, desde ciertos ámbitos se echa en falta medidas para reducir también la morosidad pública, que también puede llegar a generar un gran impacto negativo en la economía de Pymes de reducido tamaño.
Tiempo al tiempo…
Aunque las novedades que introduce esta norma serán muy positivas para impulsar el tejido empresarial español, habrá que esperar para ver si la Administración Pública está realmente preparada para los esfuerzos que esta Ley supone tanto a nivel de recursos económicos como humanos para cumplir con los plazos y (en teoría menor) burocracia establecida.
De igual forma, será interesante comprobar el impacto de esta Ley en las Pymes con menos recursos, especialmente en cuanto a la capacidad (a nivel de recursos digitales) para cumplir con la facturación electrónica, a contar con conocimientos para acceder a mecanismos de financiación alternativa o cumplir con los requisitos para acceder a subvenciones, imprescindibles para la supervivencia de algunas de estas empresas.
Autor: Luis Castillo
Director en BSM
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